En mayo, el congreso estatal de Missouri autorizó la HJR 73, una iniciativa de reforma constitucional que se someterá a referéndum el próximo año y que busca revertir los peores efectos de la enmienda constitucional abortista que fue aprobada por un estrecho margen en la elección general de 2024.
La medida aparecerá en la boleta electoral bajo el nombre de “Enmienda 3” (irónicamente, el mismo que llevaba la iniciativa para legalizar el aborto) y, en caso de ser aprobada por los votantes, modificaría la constitución estatal para: garantizar el acceso a cuidados médicos por embarazos ectópicos y abortos espontáneos; restringir los abortos a casos de emergencias médicas, malformaciones fetales, violación e incesto; restaurar los requisitos de seguridad sanitaria que deben acreditar las clínicas donde se realicen abortos; exigir el consentimiento de los padres en el caso de menores de edad; prohibir que los abortos sean financiados con recursos públicos; y proteger a los niños de operaciones y tratamientos de cambio de género.
Los grupos abortistas se movilizaron de inmediato y la ACLU presentó una demanda, alegando que los resúmenes oficiales certificados por el Secretario de Estado eran imprecisos y que podían engañar a la ciudadanía para votar contra el aborto sin quererlo. Cabe señalar que estos “resúmenes” no aparecen en cada boleta, sino que sólo se colocan en las casillas como referencia para que los votantes puedan saber, de manera clara y sencilla, las implicaciones de cada enmienda propuesta.
El viernes pasado, el juez Daniel Green, del condado de Cole, dio la razón a la ACLU y ordenó al Secretario de Estado, Denny Hoskins, modificar el texto de los resúmenes. La redacción actual puede consultarse en la página web del Secretario de Estado.
Sin embargo, el juez Green rechazó la petición de la ACLU de desechar la Enmienda 3 por completo. El grupo abortista había argumentado que la medida electoral incumplía el requisito de limitarse a un solo tema, al incluir tanto cuestiones ligadas al aborto como la prohibición de tratamientos de “cambio de sexo” a menores, pero el juez consideró que ambos temas están estrechamente relacionados por abordar cuestiones reproductivas.