La Santa Sede, en colaboración con los gobiernos de Italia, Chile y Camerún, organizó un evento el 22 de junio en la ciudad de Ginebra, Suiza, para alzar la voz ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y pedir que se ponga fin a la práctica de la gestación subrogada, mejor conocida como “vientres de alquiler”.
Los representantes de las naciones participantes presentaron una declaración conjunta en la que solicitaron una suspensión internacional de la gestación subrogada, entendida como un paso más hacia su abolición definitiva a nivel mundial. En el evento se hizo énfasis en los riesgos físicos, psicológicos, médicos y, sobre todo, éticos que plantea la práctica de los vientres de alquiler, así como en su rápido crecimiento, pues se prevé que esta “industria” llegue a representar alrededor de 100,000 millones de dólares para 2033.
Eugenia Roccella, ministra de Familia de Italia, señaló que el debate en torno a la maternidad subrogada gira en torno al estatus de la persona humana y lanzó la pregunta de si la sociedad aún reconoce a los seres humanos como personas “que deben ser respetadas” o si está dispuesta a aceptar un escenario en el que se convierten en “medios para satisfacer los intereses o necesidades de otros”.
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