El obispo John Barres de la diócesis de Rockville Centre, Nueva York, y cuatro comunidades de religiosas han interpuesto una demanda contra la fiscal general de Nueva York, Letitia Jones, y contra el comisionado de salud del estado, James McDonald, por una nueva norma estatal que obligaría a las instituciones de salud católicas a participar en suicidios médicamente asistidos.
En febrero, la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó una ley que, además de legalizar el suicidio médicamente asistido, obliga a los hospitales y centros de salud diocesanos, así como a las comunidades religiosas, a colaborar en algunas partes del proceso. La medida entrará en vigor el 5 de agosto, a reserva de lo que determinen los jueces.
En un comunicado, Mons. Barres señaló lo siguiente: “Nunca nos someteremos a la cultura de la muerte de Nueva York. El suicidio asistido es un grave fracaso moral que pone en riesgo de abuso y manipulación a los ancianos, a los discapacitados y a quienes sufrente de enfermedades mentales y emocionales. Cristo, el Divino Médico, nos llama a acompañar a los enfermos y a los moribundos con compasión, no a abandonarlos para morir. La justicia debe proteger esa misión milenaria”.
Para saber más sobre la eutanasia y el suicidio asistido, puede leer aquí una publicación en español de la Conferencia Católica de Missouri al respecto