Este lunes entró en vigor en Escocia la controversial nueva Ley de Delitos de Odio (en inglés, Hate Crime and Public Order Act), que pone en peligro la libertad de expresión en el país. La medida tipifica como delito “incitar al odio” con conductas que una “persona razonable” consideraría como “amenazadoras, abusivas o insultantes”, por motivos de edad, discapacidad, religión, orientación sexual, identidad transgénero o “variaciones en características sexuales” (paradójicamente, el sexo biológico no está incluido). Las penas para tal delito van desde una multa hasta siete años de cárcel.
El parámetro de lo que una persona “razonable” pueda considerar “insultante” es tan impreciso y confuso que, cuando el gobierno acababa de plantear la iniciativa en 2020, los obispos de Escocia emitieron una declaración externando su preocupación ante la posible censura de obras como la Biblia o el Catecismo por ser considerados como “materiales insultantes”. Los obispos pusieron como ejemplo que la Iglesia enseña que el sexo y el “género” no son fluidos ni modificables y que hombres y mujeres son complementarios, lo cual podría ser percibido por algunos como ofensivo. Por su parte, Anthony Horan, director de la Oficina Católica en el Parlamento, señaló que la falta de claridad del texto de la ley y el bajo umbral para que una conducta se considere delictiva podrían dar pie a una avalancha de acusaciones frívolas y malintencionadas.
Mientras tanto, la policía escocesa ha anunciado que tomará seriamente cada queja sobre un posible delito de odio, pese a que el mes pasado había dicho que ya no investigará todos los crímenes de “bajo nivel”, incluyendo algunos casos de robo.