La jueza federal Indira Talwani, del distrito de Massachusetts, ha dictado una medida cautelar para suspender temporalmente los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump para quitarle el financiamiento público a Planned Parenthood, el principal proveedor de abortos del país. De tal forma, el gobierno federal deberá seguir financiando a dicha organización al menos durante los siguientes 11 días.
Esto se da en respuesta a una demanda presentada por Planned Parenthood tres días después de que Trump firmase la famosa “One Big Beautiful Bill Act” el pasado 4 de julio, pues dicha ley incluye una medida por la que se prohíbe que se utilicen recursos públicos vía Medicaid para cubrir los servicios que se presten en las instalaciones de Planned Parenthood y otras clínicas de abortos, incluyendo aquellos distintos a los propiamente abortivos.
Históricamente, la legislación federal ha prohibido que el dinero de los contribuyentes se utilice para financiar abortos, si bien es cierto que, desde que Medicaid entró en vigor, los servicios no abortivos prestados en las clínicas de abortos se habían reembolsado a éstas con fondos públicos. De hecho, en su más reciente reporte anual, Planned Parenthood informó haber recibido casi 800 millones de dólares provenientes de fondos públicos en el último año, que representan cerca del 40% de sus ingresos totales.