La oficina de la Fiscal General de Missouri ha enviado requerimientos a Planned Parenthood Great Plains y a Planned Parenthood Great Rivers para que entreguen los expedientes médicos de las pacientes que han abortado, así como los reportes de incidencias o eventos adversos, los protocolos de operación de las clínicas, los registros de mantenimiento de equipos y demás información relevante.
La intención de la Fiscal General es justificar por qué las regulaciones de seguridad sanitaria actuales deben permanecer vigentes para garantizar la seguridad de las mujeres. Cabe recordar que dichas regulaciones fueron impugnadas por Planned Parenthood y la ACLU en noviembre de 2024, al día siguiente de la legalización del aborto en referéndum, pues presuntamente obstaculizaban el acceso al aborto.
Dichas regulaciones incluyen: un periodo de espera de 72 horas entre la primera consulta del paciente y la realización del aborto; que las clínicas de abortos estén certificadas como centros quirúrgicos ambulatorios (en caso de complicaciones médicas); que las clínicas reporten al estado todos los abortos realizados y cualquier complicación que haya surgido; que sea el mismo médico que atendió en consulta quien realice el aborto; que sea un médico quien realice el aborto y no un asistente médico o un enfermero.