Esta semana, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que Carolina del Sur sí puede prohibir que los fondos públicos cubran todos los servicios que se presten en las instalaciones de Planned Parenthood y otras clínicas de abortos, incluyendo aquellos distintos a los propiamente abortivos.
El caso en cuestión, Medina v. Planned Parenthood South Atlantic, se originó a partir de un decreto del gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, para impedir que las clínicas del abortos en el estado pudieran acceder a recursos públicos por cualquier concepto. Planned Parenthood, de la mano de una mujer que quería seguir recibiendo atención en una de sus clínicas a través de Medicaid, impugnó la medida del gobernador, recibiendo fallos favorables por parte del juzgado de distrito y del tribunal de segunda instancia. Sin embargo, la Corte Suprema ha determinado, por 6 votos a favor y 3 en contra, revertir la sentencia de los tribunales inferiores, dando la razón a Carolina del Sur.
El juez Neil Gorsuch firmó la opinión de la mayoría, explicando que el hecho de que la ley (Medicaid Act) señale que los pacientes de Medicaid pueden recibir atención de “cualquier proveedor certificado” no crea un derecho inequívoco que permita que los particulares demandar por ese motivo.
Mons. Daniel Thomas, presidente del comité de actividades provida de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), celebró el veredicto: “Carolina del Sur tenía razón al negarle a Planned Parenthood la posibilidad de acceder al dinero de los contribuyentes. Un grupo dedicado a acabar con la vida de los niños no merece ningún tipo de apoyo público. El aborto nunca es una necesidad médica y muchas vidas se salvarán gracias a que Carolina del Sur ha elegido no financiar a clínicas que pretenden que lo sea. Los programas financiados con recursos públicos, como Medicaid, solo deben apoyar a aquellas opciones que protejan auténticamente la salud y la vida de las mujeres y los niños”.