Mediante una sentencia histórica, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha confirmado la legalidad de la ley del estado de Tennessee que prohíbe las llamadas “transiciones de género” (también conocidas como “cambios de sexo”) en menores de edad, incluyendo cirugías, bloqueadores de la pubertad y tratamientos hormonales.
La sentencia, respaldada por los seis jueces nombrados por presidentes republicanos, y a la que se opusieron los tres designados por mandatarios demócratas, desestima el recurso presentado por tres familias, un médico y la Administración Biden, quienes alegaban que la ley violentaba las cláusulas de debido proceso y de igualdad de protección contenidas en la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, firmó la opinión de la mayoría, en la que señaló que la ley en cuestión no incurre en discriminación por razón de sexo, pues tan solo se basa en criterios médicos y de edad, lo cual no es inconstitucional. “Nuestro papel no es juzgar la sabiduría, equidad o razonamiento de esta ley, sino asegurarnos de que no viole la garantía de igualdad ante la ley de la Decimocuarta Enmienda. Al concluir que no lo hace, dejamos las cuestiones de política pública en manos del pueblo, de sus representantes electos y del proceso democrático”, escribió Roberts.
La Fiscalía General de Tennessee recibió el apoyo de 24 estados donde gobiernan los republicanos, de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), de diversas organizaciones de política pública, como Alliance Defending Freedom (ADF), y de numerosas personas que se arrepienten de haber sido embaucadas para someterse a terribles tratamientos de “cambio de sexo”, en un inútil intento por alterar su sexo real, es decir, biológico.
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