El miércoles, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) dirigió una carta al Senado, exhortando a los senadores a oponerse al proyecto de ley “Access to Family Building Act”, el cual busca conceder el derecho irrestricto a tratamientos de fecundación in vitro (IVF). La carta reconoce la “experiencia, a menudo dolorosa, de la infertilidad”, a la vez que menciona que la solución “nunca puede ser un proceso médico que implique la creación de innumerables niños sin nacer y resulte en que la mayoría de ellos sean congelados o descartados y destruidos”.
De ser aprobada, dicha ley no solo facilitaría la compraventa de embriones humanos y la proliferación del mercado de vientres de alquiler, sino que además violaría gravemente la libertad religiosa. Y es que las iglesias, escuelas religiosas y organizaciones benéficas se verían forzadas a proporcionar a sus trabajadores planes de salud que incluyeran el acceso a IVF. Además, los centros de atención médica adscritos a la Iglesia tendrían que ofrecer tratamientos de IVF, viéndose obligados a decidir entre cerrar o traicionar sus creencias religiosas.
La carta también aborda un tema que ha causado confusión recientemente, al aclarar que la sentencia de la Corte Suprema de Alabama del pasado 16 de febrero no “prohibió” la IVF, sino que únicamente reconoció que los padres de los embriones congelados en las clínicas de IVF tienen el derecho de demandarlas por homicidio culposo por negligencia. De momento, tanto Joe Biden como Donald Trump han manifestado su apoyo a la IVF, criticando la decisión de la Corte por la cual se reconoce que los embriones congelados son personas.
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