El miércoles, la administración del presidente Biden puso en marcha una medida migratoria que permite a las autoridades expulsar de manera exprés hacia México a quienes soliciten asilo. Esta acción ejecutiva prohíbe a los inmigrantes cruzar la frontera cuando se superen las 2,500 detenciones diarias (en abril, el promedio de arrestos fronterizos diarios fue de 4,300), además de reducir el tiempo del que disponen para conseguir un abogado de las 24 horas actuales a tan solo 4 horas.
Aún quedan muchas incógnitas sobre cómo funcionarán las restricciones en la práctica; por ejemplo, cómo se deportará a los migrantes que vienen de países lejanos o poco cooperativos con los Estados Unidos y a cuántos migrantes no mexicanos estaría dispuesto a recibir el gobierno de México. En cuanto a las reacciones, los republicanos han criticado la medida por considerarla convenenciera políticamente e insuficiente, mientras que los demócratas se encuentran divididos, pues los más liberales se oponen a las restricciones de Biden y los más moderados están a favor de ellas.
El obispo Mark Seitz de El Paso, presidente del Comité de Migración de la USCCB, manifestó que estaban “profundamente preocupados por este atropello a las protecciones humanitarias más fundamentales y a las leyes de los Estados Unidos en materia de asilo”. Asimismo, añadió que “nos unimos a las inquietudes de aquellos que están preocupados por las pandillas violentas, los narcotraficantes y los tratantes de personas, pero al mismo tiempo les preguntamos qué destino espera a las familias que huyen de estos mismos criminales solo para ser devueltas a sus garras cuando llegan a la frontera. Imponer restricciones arbitrarias a las peticiones de asilo sólo favorecerá a aquellos que buscan explotar a los más vulnerables”.