Este miércoles, el Senado italiano aprobó una ley que establece la práctica de vientres de alquiler como “delito universal”, lo cual significa que los jueces italianos también podrán perseguir este delito cuando haya sido cometido fuera de Italia; cabe señalar que, desde 2004, esto ya era ilegal dentro de las fronteras del país. El objetivo de la medida es disuadir a los italianos de contratar vientres de alquiler en lugares como Ucrania, Georgia o Albania, donde la maternidad subrogada es toda una “industria”. Las sanciones van desde multas hasta tiempo en prisión.
La ley contó con el respaldo de 84 senadores y la oposición de 54. Eugenia Rocella, Ministra de Familia e Igualdad de Oportunidades, defendió el valor de la medida para combatir la trata de seres humanos: “Quien se atrinchera detrás de la retórica de los ‘derechos’ para justificar la práctica del vientre de alquiler debería preguntarse por qué existe toda una red feminista mundial que apoya la iniciativa de Italia y considera a nuestro país un ejemplo a seguir”. Por su parte, Jacopo Coghe, portavoz de ProVita&Famiglia, celebró que “Italia ya no será cómplice, ni siquiera indirectamente, de una práctica que explota el cuerpo de las mujeres como un auténtico ‘horno’ donde producir niños a medida como si fuesen objetos de compraventa”.
La Iglesia católica se opone a los vientres de alquiler por cuanto estos cosifican a los seres humanos, reduciéndolos a meras ‘mercancías’, como reconoce la declaración Dignitas Infinita, publicada el pasado mes de abril.
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