Esta semana, la Corte Suprema de Missouri determinó que los legisladores no pueden prohibir que los proveedores médicos que faciliten abortos y sus filiales reciban reembolsos a través de Medicaid. Esta sentencia zanja una controversia que se había originado en 2022, cuando el congreso estatal incluyó una partida presupuestaria de $0 para cualquier servicio médico prestado por un proveedor de abortos (o por una de sus filiales), con el fin de evitar que pudieran recibir financiamiento público.
De esta forma, se permite que los proveedores de abortos recibir reembolsos de aquellos servicios no abortivos que hayan proporcionado a usuarios de Medicaid, si bien es cierto que se mantiene la prohibición de que los recursos estatales sean destinados directamente a subvencionar abortos.
La batalla para evitar que Planned Parenthood y demás organizaciones proaborto sigan recibiendo recursos de los contribuyentes pasa ahora al estrictamente legislativo. Los senadores republicanos Mary Elizabeth Coleman y Nick Schroer han presentado las iniciativas SB 1168 y SB 810, respectivamente, las cuales prohibirían categóricamente que cualquier proveedor de abortos o una filial suya pueda recibir reembolsos de Medicaid. Dichas iniciativas han pasado ya por comité y aguardan ser discutidas en el pleno del Senado.